‘The Catalan Crisis For Dummies’, de Itxu Díaz en The Daily Beast

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Itxu Díaz firma hoy un artículo contextualizando la crisis catalana para el diario norteamericano The Daily Beast: ‘The Catalan Crisis For Dummies’.

A continuación, ofrecemos el artículo traducido al español:

La crisis catalana para dummies

“Un idealista es un hombre que, partiendo de que una rosa huele mejor que una col, deduce que una sopa de rosas tendría también mejor sabor” H. L. Mencken

El español es un tipo afable y simpático, mediterráneo y atlántico, apasionado y con gran sentido del humor. A la luz de la Historia, de vez en cuando se calienta y se lía a tiros con sus vecinos. En 1978 reinventamos una democracia para evitarlo.

Las convulsiones políticas de los años 30 desembocaron velozmente en la división y el enfrentamiento entre ciudadanos, y después en una sanguinaria guerra civil, de la que ninguno de los bandos puede hoy sentirse orgulloso. Nada de la España reconstruida después puede entenderse sin tener en cuenta esto: que las familias se dividieron, los amigos se traicionaron, y la barbarie se extendió por toda la nación.

Tras la guerra llegó la dictadura de Franco que terminó debilitándose en paralelo a la salud del Caudillo, que designó como sucesor al príncipe Juan Carlos. Al contrario que Fidel Castro, y quizá porque no existía Twitter, Franco solo murió una vez. Y todo apunta a que fue para siempre.

Muerto Franco y proclamado rey Juan Carlos I de España, el monarca lideró una política reformista que ya había comenzado en el seno de los últimos gobiernos franquistas. La dictadura se desarmó desde dentro. En ese clima emerge una figura fundamental en la Historia de España: el presidente Adolfo Suárez, un centrista que, con audacia y habilidad, supo desmontar el Régimen y llevar la democracia a España de la mano de todos los partidos: las derechas, las izquierdas, y los nacionalistas catalanes y vascos. Así se llega a la Constitución Española de 1978 (PDF).

La reconciliación nacional

La Constitución, aprobada en referéndum por inmensa mayoría prometía paz, libertad, justicia. Cataluña votó abrumadoramente a favor y la participación en esta comunidad autónoma fue superior a la media española. Los Padres de la Constitución fueron siete: tres centristas, un socialista, un comunista, un conservador y un nacionalista; dos eran catalanes. Nadie salió ganador en la Constitución. Pero a cambio nació por vez primera un marco legal integrador, un acuerdo de mínimos, que ha permitido a España los 40 años más prósperos de su Historia. Por fin los nietos de los combatientes de un bando de la guerra podían beber, bailar y besarse alegremente en las discotecas con las nietas de quienes habían militado en el otro bando. La Constitución fue algo típicamente español: una larguísima fiesta.

Dejando el whisky a un lado, lo esencial de la Constitución fue: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; soberanía nacional residente en el pueblo, monarquía parlamentaria –ratificó la figura del Rey Juan Carlos I-, y organización territorial basada en la autonomía de comunidades autónomas, rigiendo entre ellas el principio de solidaridad. En palabras de uno de los Padres de la Carta Magna: “la Constitución solo cierra una puerta: la de la revolución”.

Cataluña es una más de las 17 comunidades autónomas que integran y enriquecen la nación española. Desde 1978, el nacionalismo catalán –al igual que el vasco, el gallego, o el valenciano- ha reivindicado sus legítimos intereses en el Parlamento de todos los españoles, dentro de la ley. El Estado ha hecho constantes cesiones de competencias, especialmente hacia Cataluña. España es hoy la nación más descentralizada de Europa.

Si toda España es una fiesta: ¿qué ocurre en Cataluña?

En la última década, los escándalos de corrupción y la pérdida de poder electoral en Cataluña llevaron a los nacionalistas –hasta fechas recientes, conservadores- a una suerte de alianzas políticas estrambóticas para mantenerse en el poder. En las últimas elecciones, la coalición de cinco partidos independentistas logró una escueta mayoría en el Parlamento catalán que les permitió seguir en el poder gracias al apoyo de la CUP, el partido con representación parlamentaria menos votado; la CUP se define como un partido de extrema izquierda, independentista, republicano, antieuropeo, antiespañol, feminista, antipatriarcal, y antisistema.

Este gobierno catalán de Puigdemont ha silenciado sistemáticamente a más de la mitad de la sociedad catalana –no independentista- y ha impuesto un camino secesionista unilateral. Claman “diálogo” ante la comunidad internacional pero olvidan un pequeño detalle: han  puesto una pistola en la sien a la Constitución Española y después han exclamado “¡hablemos!”.

Multan a los comerciantes que rotulan sus comercios en español, humillan a los alumnos cuyos padres no apoyan públicamente la causa independentista, pintan dianas en las casas de los partidos de la oposición, inventan en los colegios una gesta sobre los inexistentes países catalanes y enseñan a los escolares a odiar a España.

El más peligroso de los nacionalismos ha nacido legítimamente dentro de la Constitución, se ha aprovechado de sus ambigüedades y de la buena fe de la Generación del 78, y ahora pretende destruirla para su solución final: la independencia.

“Tal vez podamos seguir siendo amigos…”

Los días 6 y 7 de septiembre, el gobierno de Puigdemont cruzó las líneas rojas, aprobando en el Parlamento de Cataluña las leyes del referéndum de autodeterminación y transitoriedad jurídica. Leyes autonómicas que contravienen la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, e imponen una legalidad paralela. Lo hicieron empleando su mayoría parlamentaria pero incumpliendo todos los trámites a los que tienen derecho los diputados ante cualquier iniciativa legislativa y desoyendo el criterio de los letrados.

Todo lo que ha ocurrido en Cataluña desde ese día está fuera de la ley. Así lo han ido señalando todas las instancias judiciales. Puigdemont inventó un nuevo tipo de golpe de Estado: el golpe de “la revolución de las sonrisas”. El referéndum de independencia del día 1 de octubre había sido prohibido por ilegal. Los jueces ordenaron que se impidiera su celebración pero Puigdemont ya había hecho suyo un lema de la CUP: “¡desobediencia!”. Suena bonito pero plantea algunos problemas de orden público.

Más allá del romanticismo nacionalista, Cataluña es hoy un limbo de incertidumbre jurídica. Eso explica la fuga masiva de empresas y ciudadanos de los últimos días.

¿Por qué el Gobierno de España no hace más para impedirlo?

Cuando el presidente de una comunidad autónoma enloquece, el principal mecanismo que contempla la Constitución es el artículo 155: la suspensión total o parcial de la autonomía para restaurar la ley y la normalidad democrática.

Al tratarse de una medida excepcional, Rajoy ha dado infinitos plazos a Puigdemont para que dé marcha atrás y regrese al diálogo, pero dentro de la ley. Agotados esos plazos, al Gobierno solo le quedará acatar el mandato constitucional que le obliga a devolver a los catalanes su seguridad jurídica y su libertad. En una palabra: restituir la democracia.

Jamás se ha privado a los independentistas de su libertad de opinión y su participación parlamentaria; sólo se les exige que lo hagan dentro de las reglas del juego.

Conviene destacar algo sobre Rajoy. Centrista, moderado, abierto al diálogo, y exasperantemente prudente en sus determinaciones, hasta hoy solo hay tres lealtades en las que no está dispuesto a ceder: a la Constitución, a la ley, y a la Corona. Muchos le critican por no haber cortado de raíz el movimiento totalitario de Cataluña, dejando crecer el suflé independentista. Él ha preferido el apaciguamiento. Todas sus decisiones sobre la crisis catalana han buscado el mayor consenso–los centristas de Ciudadanos y los socialistas del PSOE- y el respaldo internacional –toda la Unión Europea.

Un amenaza a Europa

La ruptura de España significaría la ruptura de la Unión Europea y el peligroso nacimiento de los fantasmas nacionalistas que tantas muertes y odios causaron el siglo pasado. Algo hemos aprendido desde entonces. Y en clave local, significaría la ruina y el aislamiento de la región de Cataluña, con su media población de ciudadanos que se sienten españoles y catalanes entregados como rehenes a los delirios supremacistas de un hombre como Puigdemont al que la ley le parece un accidente sin importancia. Aritmética moral sobre democracia: dos millones de catalanes no pueden decidir el futuro de siete millones de catalanes.

Por otra parte, en España rige la separación de poderes y el Estado de Derecho. Esa es la única razón por la que los dos líderes de las movilizaciones independentistas -que trataron de obstruir el dispositivo policial para detener el referéndum ilegal- han ingresado en prisión como medida cautelar decretada por la juez.

Algo me recuerda a la vieja cita de P. J. O’Rourke: “Solamente hay un derecho humano básico: el derecho a hacer lo que a uno le plazca. Y con él viene el único deber humano: cargar con las consecuencias”.

Las imágenes de policías confiscando urnas del referéndum ilegal y empleando la fuerza en Cataluña ante quienes se resistían han regalado a las redes sociales la fotografía que Puigdemont quería: un supuesto estado opresor. Pero es un espejismo: el Gobierno catalán dijo que había 800 heridos y muchos medios internacionales lo denunciaron. Por supuesto, todos hemos visto los vídeos- y hubo algunos heridos, también muchos policías.

Sin embargo, pocas horas después los ingresados podían contarse con los dedos de una mano. El columnista de The Guardian Peter Preston admitió el miércoles que hicieron un flaco favor al periodismo al no corroborar los datos. No hay ninguna duda de que la red de propaganda digital tejida por la Generalitat funciona, y funciona muy bien.

Algunos independentistas esgrimen arbitrariamente un supuesto “derecho a decidir” para evitar hablar de un “derecho a de autodeterminación”, su verdadero objetivo. Y lo hacen porque saben que el derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por Naciones Unidas es para colonias y pueblos sometidos por terceros o en los que se vulneran los derechos humanos. Obviamente, nadie que no esté bajo los efectos de la marihuana podría aplicarlo al caso de Cataluña.

En síntesis, y de cara a la comunidad internacional, pocos han dibujado una analogía mejor que la Foreing Policy: “Cataluña independiente sería como Illinois independiente”. Parece un chiste. Un chiste que deja de tener gracia tan pronto como te das cuenta de que lo que está en juego es en realidad tu libertad en una nación de leyes, no de pequeños hombres ambiciosos como Puigdemont.